Agenda Económica

El MLM es un grupo de corte económico liberal que tiene como objetivo primordial el concientizar a la población sobre los beneficios económicos y sociales de dejar que el Mercado – entendido como una institución que engloba las acciones y decisiones de todos los individuos dentro de la sociedad – actué en libertad, sin restricción alguna de entidades gubernamentales. En el MLM estamos convencidos que los mejores resultados sociales surgen cuando se deja que el individuo planee para sí mismo de acuerdo a sus propios objetivos; la planificación central, desde una posición de autoridad, implica no solo una injerencia en principio ilegítima sino también una intrusión que redunda en una posición sub-óptima.

Nuestra postura puntual respecto a los problemas económicos particulares del país reconoce, sin embargo, que existen peculiaridades y obstáculos que tienen que ser resueltos de manera gradual pero progresiva. Este texto plantea una agenda económica respecto a la situación y a los cambios y reformas que se consideren necesarios para ámbitos específicos de la economía mexicana.

SISTEMA HACENDARIO

El debate sobre la fiscalidad y hacienda en México – y en el mundo – ha tomado un camino errado en su proceder. Se parte de la premisa de que el gobierno está limitado en su actuar en tanto no posee los cimientos necesarios para hacerlo; es decir, se encumbra la idea de que existen ingresos insuficientes para afrontar las tareas del Estado. Sin embargo tal línea de argumentación no toma en cuenta que el Estado tiende por inercia a incrementarse, y con ello también sus exigencias. La discusión debe, entonces, cambiar su perspectiva en pos de que se haga énfasis en que la problemática se encuentra en los gastos del gobierno y no en sus ingresos: Un gobierno chico – que mantenga sólo operaciones básicas en áreas económicas particulares – requiere pocos ingresos para operar. Y dado que dicho tipo de gobierno permite mayor libertad de planificación individual, entonces también es un mejor esquema gubernamental.

Habiendo señalado el problema real, reconocemos que existen particularidades de la hacienda pública mexicana que necesitan solucionarse. Es en este sentido que presentamos los siguientes puntos:

La hacienda mexicana sufre severos problemas estructurales, muchos de ellos heredados desde tiempos virreinales. Uno de ellos, quizás el más importante, es aquel derivado de la centralización económica y política de este país, que concentra la responsabilidad fiscal en manos del gobierno federal, dejando que este recaude a nivel nacional y luego redistribuya a los estados. Hay que trabajar para invertir tal pirámide fiscal en pos de dotar de mayores herramientas a los gobiernos municipales y estatales, para que sean ellos mismos los que generen sus ingresos – recauden sus impuestos- y programen sus gastos. Proponemos, por lo tanto, que una reforma fiscal necesaria es aquella que cree un verdadero federalismo fiscal.

Existen diversos modelos fiscales que pueden ser catalogados como “liberales” en tanto tienen como objetivo el imponer apenas una mínima carga necesaria a los ciudadanos para la subsistencia del gobierno. El esquema más famoso es el llamado “flat tax” – Un impuesto único al ingreso , a tasa diferenciada para personas morales y físicas- que ha tenido excelentes resultados en los países bálticos que incluso han visto aumentada su recaudación neta. Sin embargo, sostenemos que una mejor alternativa es el implementar un programa fiscal basado en un impuesto único al consumo. Es superior en tanto facilita la recaudación al gobierno y, más importante aún, se apega más cercanamente al principio de equidad – El gobierno debe tratar a sus ciudadanos por igual, sin distinción de sexo, raza, edad o condición económica. Con esto último añadimos que por principio nos oponemos a cualquier política económica que busque la redistribución del ingreso vía medidas autoritarias basadas en la expropiación de unos para dar a otros. Cualquiera que manifieste virtud en una sociedad equitativa y que a su vez mantenga que para tal efecto es necesario el expolio gubernamental no es más que un lobo vestido de borrego. No se puede construir una sociedad caritativa mediante la fuerza y la violencia.

El problema fiscal está ligado directamente con la situación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), en tanto los ingresos petroleros conforman más de una tercera parte del presupuesto federal. Tal situación resulta no sólo injustificable sino también insostenible en el mediano plazo. Con la reestructuración de gastos y la reforma que invierta la pirámide fiscal, se permitirá el dejar de depender de PEMEX. Habrá entonces que instaurar un programa que de inicio le dote de mayor autonomía y vaya disminuyendo su carga impositiva.

Respecto al tema de la deuda pública – que se ha erigido como el segundo pilar de las finanzas públicas – nos manifestamos en contra de ésta como una vía recurrente de financiamiento, más no creemos que sea prudente el imposibilitar a los gobiernos el acceso al mercado nacional e internacional de capitales, pero sí creemos necesario el establecer límites – de acuerdo a objetivos y circunstancias – al nivel de endeudamiento público.

SECTOR FINANCIERO

El sector financiero es una de las industrias más reguladas y con mayor relación con el Estado – en tanto existe una estrecha unión de los gobiernos con sus fuentes de financiamiento. Esta situación ha devenido históricamente en una recurrencia de problemas financieros y económicos. México no es la excepción. La estructura bancaria moderna mexicana y su fracaso pueden ser entendidos a través de una cronología de intervenciones y políticas gubernamentales de injerencia estatal en materia financiera. La nacionalización bancaria sentó las bases del presente fiasco, en tanto las medidas subsecuentes sólo han sido malos intentos de remediar tal estatización – entiéndase la mala privatización de cuates en los 90s, la crisis de 94 por culpa de malas políticas monetarias, el rescate bancario a costa del erario nacional, etcétera.

Debido a esto, el sector financiero mexicano en la actualidad se encuentra – teniendo como parámetros a las otras naciones del mundo – altamente regulado, lo cual ha repercutido en una baja penetración financiera en el país, que en última instancia ha perjudicado a las clases más bajas que son las que menor acceso al crédito tienen.

Estimamos que la solución a tal problemática se encuentra en desregular progresivamente el mercado financiero mexicano – eliminando cualquier injerencia gubernamental. Para evitar problemas por riesgo moral de crisis, es necesario también eliminar el perverso esquema presente que garantiza el salvamento de cualquier institución financiera bajo la justificación que de no rescatarse se generaría un impacto negativo mayor en la generalidad de la economía.

El rescate financiero asegurado promueve la toma de riesgos excesivos del sistema financiero, en tanto se sabe invulnerable: Las ganancias son privatizadas y las pérdidas socializadas. Un mercado financiero libre, y sin intervención gubernamental que lo respalde, genera un crecimiento sano del mismo a través de prácticas más responsables en un entorno de competencia, lo cual en última instancia redunda en un beneficio hacia la sociedad.

 SISTEMA DE PENSIONES

Apoyamos la individualización de las cuentas del sistema de ahorro para el retiro, en tanto brindan mayor sustentabilidad al esquema y dan mayor oportunidad a la población de tomar decisiones por su cuenta. Señalamos también, que el uso de estos recursos ahorrados no debería de estar a disposición directa del gobierno; los ahorros deben estar administrados por cuentas privadas en tanto aumentan la transparencia en su manejo.

Un siguiente paso necesario debe ser el privatizar completamente este sistema de pensiones, en pos de que sean los individuos los que se encarguen de elegir y administrar, a partir de las opciones que el mercado dé, el plan de ahorros que más les convenga, según sus preferencias.

MERCADO LABORAL

El mercado laboral mexicano actualmente mantiene ciertas rigideces que, bajo excusa de proteger al trabajador, promueven el desempleo y la transición hacia la informalidad. Proponemos consecuentemente flexibilizarlo mediante el fomento del contrato individual de trabajo. No negamos el derecho de asociación de los individuos trabajadores, sólo nos oponemos a que existan cúpulas sindicales que monopolicen para sí las negociaciones laborales. Por tal razón promovemos la derogación plena de las leyes que amparan la “cláusula de exclusión,” la cual liga a los trabajadores de manera totalitaria a un único sindicato, lo cual de facto promueve el clientelismo y aliena los derechos individuales de cada trabajador. También nos oponemos al otorgamiento de privilegios legales a los sindicatos, uno de ellos, quizás el más perverso, es aquel que les permite tomar de manera coercitiva las instalaciones del lugar donde laboran. Los derechos de propiedad pertenecen a todos los individuos sin distinción alguna.

Respecto al papel directo del Estado en materia laboral – mediante programas de empleo,- tomamos una posición enérgica en su contra. El gobierno no debe intervenir a favor de ningún grupo, llámese jóvenes, mujeres u otra minoría. Estos esquemas son ejemplo de discriminación selectiva; estamos a favor de una igualdad de oportunidades, no de resultados. Hay que acabar de manera progresiva con esta práctica.

Nuestro posicionamiento particular en lo que atañe al salario mínimo es dual: por una parte éste significa un obstáculo a la libertad laboral, pero por otra es evidente que en la situación mexicana actual este salario no influye al respecto en tanto no es respetado. Sirve más que nada como una referencia a la cual se indexan varias transferencias y multas gubernamentales. La propuesta del MLM es por lo tanto crear un nivel de referencia aparte para estas transferencias y eliminar el salario mínimo, lo cual tendería a contribuir a una menor informalidad en el mercado laboral mexicano.

POLÍTICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

El mejor plan para el desarrollo económico es aquel que ésta sustentado en la libertad de mercado, que no asegura un crecimiento per se, pero sí lo incentiva de manera sustentable y lo enfoca a las actividades más requeridas y demandas por la sociedad.

Una primera arista que México debe tomar para lograr aumentar la productividad es simplificar su marco normativo – eliminando la excesiva burocracia y las regulaciones innecesarias- en pos de estimular el crecimiento del mercado interno e incentivar la creación de nuevas empresas innovadoras. Correspondientemente se debe eliminar enteramente la Ley Federal de Competencia. Con la derogación de tal Ley se eliminaría, paradójicamente, varios de los grandes obstáculos a la competencia – esto debido a que dicho reglamentó es el origen mismo de muchas de las regulaciones y trabas a la organización comercial. En segunda instancia se debe implementar una política de verdadera apertura comercial, en la que el mercado interno se abra – de manera progresiva pero unilateral- a la competencia externa. El mayor acceso a productos y la mayor competencia empresarial benefician en su conjunto a la sociedad mexicana, mientras que cualquier política proteccionista sólo beneficia a grupos o sectores en particular.

Las reformas propuestas en los otros apartados de esta agenda económica también tienen como consecuencia inequívoca el contribuir al desarrollo económico.

SECTOR RURAL Y AGRICOLA

La política del gobierno mexicano respecto al sector agrícola provee un ejemplo claro de los problemas devenidos a partir de una planificación estatal obtusa. Se ha intentado potenciar el desarrollo agrícola de este país, que en su generalidad no tiene las condiciones para competir a nivel internacional. Peor aún, se ha avanzado la idea de soberanía alimentaria cómo una justificación ideológica nacionalista y estatista para tal accionar. Más, desde un análisis económico concreto resulta evidente el hecho de que tales políticas son ineficientes en tanto promueven la producción de bienes caros y de calidad dudosa. Peor aún, incentivan un ciclo perverso de pobreza e improductividad rural: las transferencias gubernamentales vía subsidios y otros programas – que aunque resulta mínimo y solo alcanza para la subsistencia- estimula a la población rural a conservar su modo de vida. Al respecto, nuestra propuesta es desideologizar el debate sobre el sector rural y aterrizarlo a una realidad económica y social. Manifestamos que es necesario que el Estado elimine progresivamente sus programas de apoyo al campo, que terminan beneficiando últimamente solo a unos cuantos grandes terratenientes y perjudicando a la mayoría campesina de bajos ingresos.

Por otra parte, uno de los grandes problemas de este país y que afecta íntimamente al sector rural es la legislación respecto a la propiedad de tierras. Para tal efecto proponemos modificar el artículo 27 de la Constitución a fin de: 1) proscribir la propiedad ejidal y comunal y reconocer la propiedad privada de cada ejidatario y comunero a las tierras que poseen, de modo que con derechos de propiedad plenos sean sujetos de crédito o bien vendan sus parcelas para emprender diversos negocios; 2) proscribir la determinación por parte del Estado respecto a la extensión de la propiedad rural; la afectación de la propiedad y el reparto de tierras; la prohibición a extranjeros a poseer tierras rústicas.

INDUSTRIA DEL TURISMO

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos y de divisas al país. Actualmente el estado promueve activamente en el extranjero la visita al país y apoya directamente vía subsidios y otras transferencias a ciertos grupos involucrados.

A pesar de los resultados alcanzados por el gobierno en este sector, no se puede dudar de que no corresponde al Estado el incentivar o desincentivar ninguna actividad económica o de cualquier otra índole. El sector turístico por ende no debe estar apoyado por el gobierno. Puede ser manifiesto que para este sector la intervención gubernamental haya sido benéfica, pero no puede olvidarse el hecho de que existen costos no visibles, no cuantificables, del favorecimiento gubernamental. Por lo tanto no se puede sopesar el efecto neto de la intromisión del gobierno.

Proponemos entonces eliminar progresivamente el número de programas de apoyo al turismo y en un último momento desaparecer la Secretaría de Turismo.

DESARROLLO REGIONAL

El gobierno federal no puede aplicar programas selectivos en favor de ciertas regiones. Para efectos de apoyar la máxima autonomía de las entidades, es necesario que se avance hacia un nuevo federalismo fiscal que permita la autonomía de los estados. Nos posicionamos en contra de cualquier tipo de transferencias a entidades estatales y municipales que tenga como único fin el “desarrollo regional.”

TELECOMUNICACIONES

El mercado oligopólico actual en las telecomunicaciones surge a partir del marco jurídico existente que dota al gobierno de la propiedad del espacio radioeléctrico y que lo habilita para dar concesiones a los grupos empresariales que el desee. Es innegable por lo tanto la mano del gobierno en la conformación de la estructura de este sector, y por lo tanto de su culpabilidad en el mal funcionamiento de este.

Consiguientemente proponemos, como un objetivo de mediano plazo, la elaboración de un marco jurídico alternativo que elimine enteramente el “sistema de concesiones” actual y establezca una legislación basada en la propiedad privada – en donde quede consignado que la propiedad del espectro electromagnético, y de otros bienes no tangibles, corresponde a aquel que la esté utilizando en el momento

SECTOR ENERGÉTICO

La situación energética en México se puede describir con una palabra: ineficiencia. Las promesas de la demagogia nacionalista sobre los beneficios de la “soberanía energética” del país se han quedado en meras palabras.

Planteamos que se inicie, en un primero momento, dando mayor autonomía a las empresas paraestatales -PEMEX, CFE – para que estas empiecen a actuar más como empresas y menos como organismos centralizados dependientes del gobierno. En última instancia, sin embargo, reconocemos como absolutamente necesario el establecer una verdadera “nacionalización” de estas empresas vía una privatización de su propiedad. Para tal efecto proponemos un esquema en el que se prevea emitir un número de acciones dadas para repartir de manera equitativa a todo ciudadano mexicano mayor de edad. De tal manera que la población se convierta de facto en accionista de la nueva empresa, con derecho a recibir parte de las ganancias generadas o en su defecto a vender su porción de acciones a quién deseen.

Argumentamos también que es necesario abrir el mercado energético – en todas sus esferas y niveles – a la competencia e inversión privada y extranjera. Los mexicanos deben de tener acceso a un portafolio de productos en competencia, siendo ellos los que elijan con su compra cual es el mejor

SECTOR HIDRÁULICO

El problema del agua es bastante grave en el país. No se cuenta con mucha cantidad de este vital líquido y lo poco que se tiene se desperdicia. La política hidráulica actual del gobierno es totalmente ineficiente en tanto fija un precio de venta muy bajo al agua – respecto a las propias condiciones de oferta que el gobierno crea. La justificación es que este subsidio beneficia a los estratos más bajos que son los que más la necesitan. La verdad es que los subsidios del gobierno en el precio distorsionan el papal informativo que este debe tener y manda una señal de que el producto es abundante, lo que desincentiva su cuidado. Peor aún, los mayores beneficiados son los grandes terratenientes y empresarios que no tienen incentivos para mejorar sus métodos de producción en tanto el agua barata les asegura un cómodo margen de ganancias.

Planteamos que la última y única solución real al problema se encuentra en abrir el mercado del agua a la iniciativa privada – que se permita la acumulación, extracción, distribución y venta por privadas, esto en tanto la competencia en el mercado crea un mecanismo eficiente de asignación de la misma – que de hecho pude derivar incluso en menores precios que los que actualmente se observan. Respecto a la propiedad del agua, nos posicionamos como partidarios de la idea de que dicho bien sea de libre acceso y su propiedad se establezca en el momento de su extracción sobre el líquido extraído, más no propiamente sobre los mantos acuíferos.

POLITICAS PARA LA VIVIENDA

A nivel mundial se ha hecho indiscutible como es que las políticas gubernamentales de vivienda y construcción han generado enormes burbujas especulativas. Esto es cierto tanto para Estados Unidos como para Europa e incluso también para China. En México la situación no resulta tan evidente, pero no es menos cierta.

Bajo pretexto de apoyo a “familias,” el gobierno ha implementado una política de crédito fácil. Esto no es más que un pobre remedio de la verdadera solución. El sistema financiero mexicano, como se expuso en el punto dos, tiene poca penetración financiera lo cual afecta a los estratos más pobres. La solución real al problema de la necesidad de vivienda e infraestructura se encuentra en promover el libre funcionamiento del sistema financiero mexicano.

SISTEMA MONETARIO

La situación monetaria prevaleciente en México, respecto a países de desarrollo similar, es ejemplar. Desde 1994 el Banco de México es una institución independiente del poder ejecutivo, lo cual le ha permitido desafanarse de las presiones políticas existentes que tienen incentivos para implementar una política monetaria expansiva. Banxico en la actualidad tiene como su único objetivo explícito el mantener el poder adquisitivo del peso. Podemos afirmar que en lo general Banxico ha sido exitoso en esta misión.

Sin embargo, México está muy lejos todavía de una situación monetaria ideal – de libre competencia en su mercado monetario interno. Un primer paso para lograr este fin es legalizar la circulación de monedas alternativas al peso en México, ya sea de divisas extranjeras o de nuevas monedas creadas localmente.

Es también importante hacer notar, de manera análoga a lo ya expuesto en el punto dos, que el Banco Central no debe fingir como prestamista de última instancia (PUI) ni como regulador financiero. Respecto a lo primero, por lo tanto, es necesaria una ley que prohíba a Banxico operar como PUI. Respecto a lo segundo, se tendrá que ir relevando progresivamente a Banxico de sus tareas de regulador financiero.